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Política

"....que no se nos vengan a dar lecciones de defensa de los derechos humanos".

Como el lector sin duda recordará, el Senado había aprobado por unanimidad el proyecto de ley de Procedimiento Policial a fines del año pasado. Durante su tratamiento en la Cámara de Diputados se pretendió introducirle ciertas modificaciones relativas a determinados artículos cuya constitucionalidad fue severamente cuestionada por varios legisladores.
Sin embargo, el intento naufragó en la Cámara baja con el resultado de que volvió al Senado sólo con algunas modificaciones menores. Pero el hecho de haberse introducido modificaciones ¬aunque sean de puntuación¬ exige que el proyecto vuelva al Senado.
Así las cosas, llegó el momento de tratar el engorroso asunto, que presagiaba una dura tormenta senatorial. Con su elegancia habitual y su porte distinguido, Margarita Percovich informó del asunto a sus pares historiando brevemente la trayectoria del proyecto de ley en discusión. Recordó que su objetivo primordial no es otro que el dotar a la Policía de un marco claro de actuación, una vieja aspiración policial, que viene a ser una suerte de Código de Procedimiento Policial con el fin de darle mayor eficiencia a su labor. A continuación sostuvo que las modificaciones introducidas en Diputados referían a cuestiones formales de redacción o sintaxis que no alteraban el contenido, e instó al Cuerpo a ratificar el texto proveniente de la otra Cámara, de modo de que la Policía contara con ese cuerpo normativo lo antes posible; de otro modo, habría que convocar a la Asamblea General y estarse a lo que resuelvan los tres quintos. Y en cuanto a las modificaciones que los diputados no habían introducido pero que en principio había consenso para introducir en el texto, sugirió que las mismas podrían discutirse con calma y con tiempo, y ser objeto de una nueva ley que derogaría esas famosas disposiciones inconstitucionales según la percepción de los partidos opositores.
Esta postura del oficialismo disgustó a los senadores blancos y colorados, que se dedicaron con fruición a cuestionar al partido de gobierno atacándolo desde varios ángulos. El doctor Sergio Abreu reconoció la necesidad de contar con un marco que garantice el equilibrio entre la eficiencia policial y la salvaguarda de los derechos humanos, pero dijo que hay disposiciones "de difícil digestión desde el punto de vista constitucional", aludiendo a los artículos 7 y 11 de la Carta (el que garantiza los derechos fundamentales y el que estipula que el hogar es un sagrado inviolable). Al respecto sostuvo que tanto el Colegio de Abogados como organizaciones de defensa de los derechos humanos habían manifestado su inquietud.
A continuación, don Sergio aseveró que no es buena técnica legislativa aprobar leyes a las apuradas y dejar para corregir después lo que se cuestiona. Pero más allá de estas consideraciones, el senador blanco se lamentó de la manera en que se está encarando el relacionamiento político entre los partidos, y abogó por llegar a un acuerdo consistente en aprobar las modificaciones que los diputados no quisieron introducir y llevar el caso a la Asamblea General, donde el asunto contaría con los votos del nacionalismo. Asimismo, lamentó el hecho de que los legisladores frentistas desconfíen de los compromisos pues de ese modo no habrá gobernabilidad.
El soldado forista se sumó al coro opositor e hizo notar otra ironía: "Quienes bregamos desde hace tiempo por mayor rigor punitivo para enfrentar la inseguridad votaremos en contra, mientras el FA se comporta al revés". Sostuvo que la negativa oficialista de modificar algunos artículos es "una macana grande e incoherente, pues el proyecto es bueno salvo algunos desbordes. Con esta ley, alguien puede decir que el gobierno se está fascistizando", agregó.
A esta altura se hizo oír el vozarrón vehemente del Rafa Michelini. Con la melena moviéndose al ritmo de los decibeles de su encendido discurso, el senador neoespacial exigió respeto a sus adversarios. Recordó que el texto con los artículos ahora cuestionados había sido aprobado por unanimidad por el Senado y reclamó "que no se nos vengan a dar lecciones de defensa de los derechos humanos". Siguieron abundando en las mismas consideraciones Heber, Rosadilla, Alfie, Vaillant y Da Rosa, hasta que Larrañaga propuso un cuarto intermedio hasta esta mañana, con el objeto de agotar esfuerzos para llegar a un acuerdo.
Mañana les cuento cómo termina esta hermosa historia de encuentros y desencuentros.
Finalmente a última hora, ante el compromiso público asumido por el presidente del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, de aportar los votos suficientes para llegar a los dos tercios en la Asamblea General "sin condiciones", el Frente Amplio rechazaría hoy la redacción actual del proyecto de Procedimiento Policial, optando por la inclusión de ciertas modificaciones que se votarán luego en el máximo órgano legislativo.
Según pudo saber LA REPUBLICA, a última hora de ayer los legisladores oficialistas resolvieron darle trámite a un acuerdo con el Partido Nacional, que incluye la modificación de diez artículos y la eliminación de uno de los 174 que tiene en total la iniciativa. El que se elimina establecía los requisitos para el ingreso policial a una morada en casos de extrema necesidad. Este habilitaba a la Policía a ingresar a una morada sin el consentimiento del jefe o jefa de hogar o de la orden judicial. Los demás artículos polémicos estaban relacionados con la solicitud de identificación en la vía pública, la posibilidad de conducir a la persona a una dependencia policial en caso de negarse; la incomunicación de los detenidos bajo determinadas circunstancias y las condiciones de registro personal a personas detenidas. Si bien hace unas semanas los senadores blancos y frenteamplistas habían arribado a un preacuerdo, incluso llegando a redactar en conjunto las modificaciones, el mismo había quedado sin efecto. La decisión fue adoptada por la bancada del FA tras considerar que no existían las garantías suficientes para que el proyecto fuera votado en la Asamblea General (aprobación que requiere de la mayoría especial de dos tercios, proporción a la que el oficialismo no llega por sí solo).

La República, Miércoles 18 de junio del 2008.