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El proyecto "acogota" la posibilidad de "receptación" del metal, dice el diputado Javier Cha. "No extinguirá el delito, pero lo desestimula y hará disminuir el ingreso de cobre robado al circuito formal", afirma Cha. Y explica: "Hoy roban cable, lo queman y lo venden a un receptor, que estoquea y luego debe ingresar a la cadena formal.
A la Intendencia le robaron 72 kilómetros de cable de cobre en seis meses. En sólo una semana desaparecieron 1.000 metros de cable de Antel. El problema del robo de metales se mantiene y por eso el Parlamento regulará un mercado muy peculiar.
Hace casi un año, el 12 de octubre pasado, el gobierno prohibió por doce meses la exportación de productos de cobre, en el entendido de que el alto precio de ese metal en el mercado internacional favorece los actos vandálicos. En los hechos, se exceptuó de esa prohibición a los metales cuyo origen no esté vinculado a la red pública y así se pueda comprobar.
Pero Antel, UTE y las intendencias de Montevideo y Canelones siguen sufriendo robos. Así, esta semana la bancada del Frente decidió reflotar un proyecto de ley presentado hace medio año por el diputado Javier Cha (Nuevo Espacio), que regula el comercio del cobre y aluminio y establece un registro de las empresas que comercian, importan, exportan o almacenan estos metales. Fija sanciones para quien no se registre, aumenta penas para el robo y faculta al Ejecutivo a extender la prohibición de exportación, que vence en octubre.
El texto fue elaborado junto a técnicos de UTE y Antel. Los propios entes y la Intendencia han pedido que se apruebe, dijeron fuentes parlamentarias. En la reunión de coordinación de los diputados frentistas, el socialista Gustavo Bernini argumentó el martes que el robo de cables provoca lesiones "muy graves" a los menores.
La iniciativa se tratará desde esta semana en la comisión de Industria y, a juicio de Cha, llena un vacío en un mercado que no está regulado y en un país que no es productor de cobre, pero sí importante exportador. "Se pensó que suspender las exportaciones llevaría a un desestímulo general porque no habría a quién colocar el cobre. Pero la hipótesis no era del todo cierta: cable se siguió robando y cobre se siguió comerciando", dijo el diputado.
HARTO. El director de vialidad de la Intendencia de Montevideo (IMM), Walter Guillen, está cansado del tema. "Nos acalambran con los robos de cables de cobre en todo el alumbrado público. Nos roban líneas completas, inclusive líneas subterráneas", se queja.
En la comuna estiman que mucha gente acopia metal en espera de que se abra la exportación en octubre. "Por eso entendemos que la ley es una solución. Una vez que el proyecto esté aprobado y se regule el tema, nosotros estaremos en condiciones de reponer", indicó Guillén. Hoy la comuna repone 100 kilómetros de cable por año. En el primer semestre de 2008 faltaron 72 kilómetros de cable del alumbrado público, con un costo de $ 15 millones. El tema también preocupa en la Intendencia de Canelones.
CIFRAS. A Antel le robaron 64.895 metros de cable en 2007 (casi 65 kilómetros), afectando a 71.287 usuarios con un costo de US$ 198.000 (casi $ 4 millones) de reposición del cable.
En 2008 la cifra bajó un poco. Hasta ahora robaron 13.970 metros -unos 14 kilómetros-, afectando a 24.572 clientes con un costo de US$ 64.146. La proyección a todo 2008 da un costo total de US$ 153.950, con una reducción estimada de entre 20% y 22% en relación a 2007. Sólo en una semana, entre el 22 y 28 de julio, hubo 25 robos, 12 en Montevideo y nueve en Suárez, afectando 1.133 servicios y 1.686 metros de cable.
El gerente de coordinación de servicios empresariales y datos de Antel, Claudio Brandino, cree que "el flagelo en cuanto a robo de cobre y aluminio no ha decaído como se hubiera esperado". En UTE también se han mantenido los robos pese al decreto, confirmó el gerente de distribución Héctor González.
¿A dónde va lo robado? En Antel y en UTE creen que sigue saliendo al exterior en forma ilegal. Guillen, de la IMM, apunta: "Yo ando mucho en los asentamientos y tengo versiones de que lo cambian por dosis de pasta base". El funcionario cree que hay acopio de metal y tal vez una línea de salida por la frontera, aunque los principales compradores son los países asiáticos.
PRINCIPALEs DISPOSICIONES
CONTROL Las empresas deberán documentar todas las actividades de comercialización y exportación. Deberán tener certificado de origen legal. Se establecen inspecciones a locales.
SANCIONES Se fijan penas económicas para quien compre o venda sin registro: 100 unidades reajustables. También para los que comercialicen o transporten metales de forma ilícita: de 200 a 4.000 unidades.
CÁRCEL El robo que provoca un corte en el suministro público se considera "circunstancia agravante", con penas de doce meses a ocho años de prisión. Se faculta a UTE y Antel a exportar directamente sus chatarras.
Registro vendedor
El proyecto "acogota" la posibilidad de "receptación" del metal, dice el diputado Javier Cha. "No extinguirá el delito, pero lo desestimula y hará disminuir el ingreso de cobre robado al circuito formal", afirma Cha. Y explica: "Hoy roban cable, lo queman y lo venden a un receptor, que estoquea y luego debe ingresar a la cadena formal. Ahí quien vende y compra estará registrado o habrá delito".
El País, Domingo 17 de agosto del 2008.