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Según explicó Canepa a El Observador, este proyecto es sólo un primer paso para promover el software libre. Lo único que hace es obligar a que el Estado tenga toda su información en programas de ambos formatos, tanto abierto como cerrado.

Retoman un proyecto de ley elaborado por la hoy ministra del Interior, Daisy Tourné
Entre los años 2000 y 2005 el Estado gastó aproximadamente US$ 200 millones en la compra de software. Frente a ello, un proyecto de ley que impulsan legisladores del oficialismo busca dar un primer paso para cambiar hacia el software libre, pero no sólo por un tema de costos, sino también para impulsar la industria y el conocimiento nacional.
La iniciativa es cuestionada por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), que manifestaron sus reparos en el Parlamento (ver recuadro).
Los software son los programas informáticos que tienen la función de traducir la información de una computadora y ordenarle las acciones a ejecutar.
Como todas las creaciones humanas modernas, los programas informáticos son registrados y tienen una propiedad. Pero hay un matiz entre el software libre (de código abierto) y el software propietario (de código cerrado) y es la posibilidad de trabajar e innovar posteriormente con el programa y conocer libremente como funciona para repararlo (ver recuadros).
Los software de códigos cerrados son los más usados y comunes. Cada vez que algo no funciona no hay otro remedio que acudir al proveedor.
Por el otro lado está el software libre, que no necesariamente es gratuito porque se los puede vender, pero tiene el código abierto. Por tanto, luego se los puede reproducir sin costo.
Una empresa (o el Estado) no tiene por qué comprar un programa para cada máquina, sino que basta con adquirir uno. Después lo puede reproducir, modificar y adaptar a las necesidades propias.
Las contras de estos programas, dicen sus detractores, es la seguridad. Los defensores del software libre dicen que es mucho más seguro que los programas de código cerrado. Es más, señalan que en el software libre no
existen los virus. Los sistemas operativos libres como Linux o Kubuntu no los reconocen y no los abren. Así tampoco hay por qué pagar antivirus.
Costos. En el Estado uruguayo sólo se conocen programas con código cerrado. Windowx es prácticamente el único sistema operativo utilizado y los programas de Office (Word, Exel, Power Point y Access por ejemplo) son los más utilizados. Por cada uno de esos programas y para cada una de las máquinas del Estado hay que pagar una licencia.
En el año 2006 el diputado de la Corriente de Acción y Pensamiento (CAP-L), Pablo Álvarez, hizo un pedido de informe para saber concretamente cuánto gasta el Estado en software. De los 25 incisos estatales sólo le contestaron diez y ninguna de las intendencias municipales.
Al sistematizar los datos recibidos concluyó que entre 2000 y 2005 se gastaron gastado más de US$ 200 millones en ese período, pese a no contar con la cifra exacta. “Se deben haber gastado más. Es casi un Plan de Emergencia”, dijo Álvarez a El Observador.
Tomando en cuenta esa realidad, la entonces diputada y hoy ministra del Interior, Daisy Tourné, elaboró un proyecto de ley que ahora es retomado por los diputados Diego Cánepa (Nuevo Espacio), Edgardo Ortuño (Vertiente Artigusta) y Álvarez.
Según explicó Canepa a El Observador, este proyecto es sólo un primer paso para promover el software libre. Lo único que hace es obligar a que el Estado tenga toda su información en programas de ambos formatos, tanto abierto como cerrado.
Así también toda la información que reciba deberá pedirla en dos tipos de programas, uno de código abierto y otro cerrado.
El segundo artículo de la iniciativa establece que cuando las empresas o dependencias estatales vayan a comprar licencias de software y abran un proceso de licitación, la prioridad la tendrán quienes presenten programas de código abierto. Así se garantizará un ahorro a futuro.
Convivencia.Los impulsores de este proyecto dejan claro que el tema no es software libre versus software cerrado. Por el contrario, sostienen que sería inviable hacer una rápida transformación de un sistema a otro y sería incluso mucho más caro de lo que se puede
ahorra. “El mundo está yendo hacia el software libre, pero hoy todavía no puede cumplir todas las funciones”, dijo Cánepa. “Esto no es contra nadie ni en favor de nadie”, dijo el legislador.
Para los diputados deben ser complementarios. “Tampoco me voy al extremo de decir que el software cerrado no sirve para nada. Hay que pensar cada solución para cada problema”, dijo Álvarez. “Hay temas que no se pueden resolver con programas libres y sí con propietario”, aclaró el legislador oficialista.

El Observador, Lunes 18 de agosto del 2008.