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Política

Para el Diputado Diego Cánepa, “contar con una legislación moderna constituye un ingrediente importante para una economía sólida, eficiente y productiva”.

Deberán formar una cooperativa y hacer una propuesta viable para el futuro. La iniciativa oficial busca que el instituto del concurso sea un “hospital de empresas”
Cuando una empresa entre en quiebra y se empiece a liquidar, la Justicia podrá decidir licitar toda la unidad productiva y allí los trabajadores tendrán la prioridad ante cualquier otro inversor si conforman una cooperativa que presente un plan de negocios solvente. Además, las deudas laborales que la empresa tenga, así como los posibles despidos, podrán ser tomados como créditos en favor de los trabajadores a la hora de ofertar.
Todo esto forma parte del proyecto de ley de Reorganización empresarial y declaración del concurso, que será aprobada en breve por la comisión de Constitución y Códigos de Diputados y tendrá un rápido trámite parlamentario.
Este proyecto –que es prioridad para el ministro de Economía, Danilo Astori, que lo quiere ver aprobado antes de alejarse de la cartera– busca la simplificación de los proceso concursales (que en la actualidad son tres: concordato, quiebra o moratoria) en uno solo: el concurso. La iniciativa tiene como principal cometido
“salvar la unidad productiva” del negocio.
El gobierno entiende que el sistema concursal vigente es deficiente y en vez de ayudar a la recuperación de la empresa, y a que los acreedores cobren sus deudas, deja todo en peores condiciones.
Según establece la exposición de motivos del proyecto, el sistema actual es “ineficiente y perverso”, está basado en “arcaicas concepciones hace tiempo superadas” y “dista mucho de cumplir con los objetivos” de recuperar las empresas.
Según el gobierno, los concursos hasta ahora han sido “depredadores del magro patrimonio del deudor en crisis, lo cual provoca el natural desinterés de los acreedores tanto por provocar como por seguir estos procedimientos”.
Según dijo a El Observador el diputado del Nuevo Espacio Diego Cánepa, quien está llevando adelante el proyecto en la cámara baja, con la legislación que se propone “se está pensando en el mecanismo del concurso como en un hospital de empresas. La incertidumbre empresarial requiere reglas y normas claras que permitan una previsibilidad que hagan posible la inversión genuina”, dijo el legislador.
Para Cánepa, “contar con una legislación moderna constituye un ingrediente importante para una economía sólida, eficiente y productiva”.
El proyecto cuenta con un amplio respaldo. La oposición –más allá de algunos matices– está de acuerdo con la iniciativa y cree que ayudará a mejorar el proceso del concurso. El diputado blanco Álvaro Lorenzo, presidente de la comisión de Constitución y Códigos, dijo a El Observador que el proyecto es prioridad en el trabajo legislativo y que “es intención de la comisión sacarlo rápido”.
Además, en el oficialismo tienen un acuerdo para que el trámite en el Senado sea expeditivo.

Cuando una empresa entre en quiebra y se empiece a liquidar, la Justicia podrá decidir licitar toda la unidad productiva y allí los trabajadores tendrán la prioridad ante cualquier otro inversor si conforman una cooperativa que presente un plan de negocios solvente. Además, las deudas laborales que la empresa tenga, así como los posibles despidos, podrán ser tomados como créditos en favor de los trabajadores a la hora de ofertar.
Todo esto forma parte del proyecto de ley de Reorganización empresarial y declaración del concurso, que será aprobada en breve por la comisión de Constitución y Códigos de Diputados y tendrá un rápido trámite parlamentario.
Este proyecto –que es prioridad para el ministro de Economía, Danilo Astori, que lo quiere ver aprobado antes de alejarse de la cartera– busca la simplificación de los proceso concursales (que en la actualidad son tres: concordato, quiebra o moratoria) en uno solo: el concurso. La iniciativa tiene como principal cometido “salvar la unidad productiva” del negocio.
El gobierno entiende que el sistema concursal vigente es deficiente y en vez de ayudar a la recuperación de la empresa, y a que los acreedores cobren sus deudas, deja todo en peores condiciones.
Según establece la exposición de motivos del proyecto, el sistema actual es “ineficiente y perverso”, está basado en “arcaicas concepciones hace tiempo superadas” y “dista mucho de cumplir con los objetivos” de recuperar las empresas.
Según el gobierno, los concursos hasta ahora han sido “depredadores del magro patrimonio del deudor en crisis, lo cual provoca el natural desinterés de los acreedores tanto por provocar como por seguir estos procedimientos”.
Según dijo a El Observador el diputado del Nuevo Espacio Diego Cánepa, quien está llevando adelante el proyecto en la cámara baja, con la legislación que se propone “se está pensando en el mecanismo del concurso como en un hospital de empresas. La incertidumbre empresarial requiere reglas y normas claras que permitan una previsibilidad que hagan posible la inversión genuina”, dijo el legislador.
Para Cánepa, “contar con una legislación moderna constituye un ingrediente importante para una economía sólida, eficiente y productiva”.
El proyecto cuenta con un amplio respaldo. La oposición –más allá de algunos matices– está de acuerdo con la iniciativa y cree que ayudará a mejorar el proceso del concurso. El diputado blanco Álvaro Lorenzo, presidente de la comisión de Constitución y Códigos, dijo a El Observador que el proyecto es prioridad en el trabajo legislativo y que “es intención de la comisión sacarlo rápido”.
Además, en el oficialismo tienen un acuerdo para que el trámite en el Senado sea expeditivo.
Trabajadores. Según el actual procedimiento, cuando la quiebra está declarada la empresa se cierra y se rematan los bienes, en parte para entregarlos a los acreedores. Según la iniciativa propuesta, cuando la negociación entre acreedores y deudores fracasa se pasa a la liquidación de la empresa pero como un todo y no por partes. Mientras la unidad productiva continuará en funcionamiento y se pasa a buscar un inversor que quede a cargo. Con la venta de la empresa se liquidarán las deudas del anterior dueño.
En ese proceso de licitación, que deberá ser autorizado por un juez, es que los trabajadores tendrán preferencia ante cualquier otro inversor. La ley, además, permitirá que las deudas laborales que tengan al momento y los posibles despidos sean contabilizados como el crédito a presentar en la subasta de la empresa al momento final de la liquidación.
Los trabajadores también podrán asociarse con un inversor, siempre que el mismo no supere el 49% del capital accionario.
El Partido Nacional coincide
en que los trabajadores tengan la prioridad, pero no quieren que quede establecido en la ley. “El juez debe encontrar la mejor opción para la sobrevivencia de la empresa. No puede haber una regla fija sino un caso a caso”, dijo Lorenzo. “Con esto se le puede quitar margen al juez”, agregó.
Justicia. Uno de los ejes de esta ley es que se buscará dar un marco legal flexible para que las partes acuerden, y se reduzcan los tiempos y los costos de los procedimientos para hacer más fácil la salida de la empresa.
Para ello se necesita fortalecer el proceso judicial de los concursos y el proyecto prevé concentrar en Montevideo los concursos de mayor importancia en los juzgados concursales. Además se prevé mantener la competencia de los juzgados del interior para aquellos concursos inferiores a 35 millones de Unidades Indexadas.
La ley además establece los cargos de actuar
ios contadores auxiliares del juez de concurso para implementar una especialización y reforzar los concursos más exigentes que son los que se presentarán en Montevideo. Se buscará que los procesos sean más rápidos y que mientras tanto no se pierda todo el capital de la empresa.

El Observador, Lunes 2 de junio del 2008.