<<Regresar

Política

Es de locos plantear que se le está dando piedra libre a la Policía. ¿Cómo se va a pensar eso de un gobierno de izquierda?”, planteó el Diputado Diego Cánepa

El Frente Amplio (FA) ha llegado a la insólita situación de precisar los votos de la derecha para aprobar una ley de procedimiento policial más garantista. La fuerza de gobierno no fue capaz de mejorar el proyecto en tiempo y forma, y ahora la oposición le marcó la cancha.

Rosario Touriño

Hay varios artículos de la ley de procedimiento policial que disgustan a legisladores del Partido Comunista (PCU), el MPP y el Nuevo Espacio (NE). No ven con buenos ojos el que autoriza a la Policía a ingresar por la noche a un hogar en ausencia total de sus moradores, aunque con orden judicial, o el que permite a los agentes detener por iniciativa propia a personas “presuntamente involucradas en hechos delictivos” en los domicilios allanados. También genera ciertos reparos el que permite a los policías ingresar a una vivienda en casos de “extrema necesidad” sin orden de allanamiento ni permiso del jefe del hogar. Y otro tanto puede decirse del que faculta a incomunicar a los testigos y a las propias víctimas (como “medida de urgencia”), y el que obliga a los ciudadanos a portar un documento de identificación y mostrarlo si es requerido por un policía. El senador Eduardo Lorier (PCU) planteó incluso que podría retirarse de sala si lo ponen en la situación de tener que votar el actual proyecto.
Los principales organismos de derechos humanos del país, como Ielsur y Serpaj, cuestionaron severamente esta norma, a la que consideran violatoria de las libertades individuales. Sin embargo, a fines de 2006 el texto fue aprobado por unanimidad en el Senado. Cuando pasó a Diputados, las críticas siguieron sumándose, pero en diez meses de discusión esa Cámara no le imprimió cambios sustanciales. Las modificaciones, en un 95 por ciento, tuvieron que ver con la redacción del texto. El proyecto volvió al Senado. El Colegio de Abogados del Uruguay y también la Comisión de Reforma del Código del Proceso Penal insistieron en que la justicia resigna potestades en favor de la Policía, y que además la norma incurre en inconstitucionalidades.
Es en ese marco que el senador Alberto Breccia (MPP) comienza a trabajar en un texto alternativo, con modificaciones en los ocho artículos más dudosos. El paquete distribuido entre la bancada oficialista sustituía el artículo que facultaba a ingresar a los hogares sin orden de allanamiento y también el que permitía “conducir” a las personas que se negaran a mostrar un documento de identificación. “En su momento todo el mundo apoyó”, relató Breccia a Brecha. El senador incluso declaró que se había logrado el consenso necesario en el fa para mejorar un proyecto “bueno” pero “perfectible”. Sin embargo, pronto lo dejarían en orsay.
Alguien se percató de que estas mejoras implicaban la redacción de un nuevo proyecto (por una cuestión de trámite parlamentario, en virtud de la no aceptación del texto modificado en Diputados) y la obligación de considerar la norma alternativa en Asamblea General. El detalle es que bajo esta modalidad se necesita una mayoría especial: la voluntad de los dos tercios de los legisladores. Los cambios propuestos por Breccia, por consiguiente, requerían los votos de la oposición.
En este imprevisto escenario, el 28 de abril último la bancada oficialista resolvió aprobar el texto tal como vino de Diputados. La mayoría de los legisladores entendieron que los tiempos urgían, y que el tránsito por la Asamblea General ponía en riesgo la aprobación del protocolo de actuación policial. “Hay que entender que hoy la actuación policial está sujeta a todo tipo de discrecionalidades. Por primera vez va a existir un marco ordenado. Es de locos plantear que se le está dando piedra libre a la Policía. ¿Cómo se va a pensar eso de un gobierno de izquierda?”, planteó a Brecha el diputado Diego Cánepa (ne). El legislador admitió que formó parte del grupo bicameral que trabajó para mejorar el proyecto, pero que “luego se llegó a la conclusión de que era mejor tener un instrumento legal rápidamente”. La posición de este sector es, según lo estableció Rafael Michelini, aprobar ahora esta ley y eventualmente promover poco tiempo después una norma sustituta.

SIEMPRE LISTA. La oposición advirtió un filón interesante en los dubitativos movimientos del oficialismo. Ni lerdos ni perezosos, los legisladores blancos se mostraron más garantistas que nunca y plantearon que otorgaban sus votos al oficialismo para modificar algunos de los artículos cuestionados. El diputado Gustavo Borsari, en nombre del Herrerismo, aseguró a El País que los blancos están dispuestos a apoyar la eliminación de los artículos que facultan los allanamientos nocturnos y a no dejar expresada en una ley la posibilidad de ingresar a los hogares en casos de “extrema necesidad”. Tampoco suscriben el que determina la incomunicación de los testigos, por entender que es un “exceso” que puede crear reticencias entre los denunciantes, generando el “efecto contrario” al procurado por la ley.
En la tarde del martes 6, cuando los senadores frenteamplistas de la Comisión de Constitución y Legislación se aprestaban a comunicar que el proyecto iba a votarse tal como vino de Diputados, se encontraron con la sorpresa de que no sólo Sergio Abreu y Carlos Moreira (ambos de Alianza Nacional) comprometieron los votos de su sector para mejorar el articulado, sino que también Julio María Sanguinetti estaría dispuesto a acordar. Esa voluntad quedó en actas. La oposición entrampó así al oficialismo.
“Esta es una ley que se puede mejorar, pero es buena y es una ley de izquierda. Tiene 175 artículos. Se deja explícitamente prohibida la tortura por parte de la Policía, se regula todo el manejo con los detenidos y se deja sin efecto el argumento de la obediencia debida. No podemos aceptar que Sanguinetti, y gente a la que nunca le interesaron los derechos humanos, vengan a corrernos por izquierda. Por dejar perfecto el proyecto, se puede correr el riesgo de no tener nada”, planteó a Brecha un legislador del bloque oficialista. Si bien se abrió un breve tiempo de negociación, sobre todo para “testear” hasta qué punto la oposición quiere acordar, el dirigente consultado no ve demasiado margen para un pacto.
La visión de Breccia es muy diferente: “A mí el tema de la imagen, en cuanto a quién es más garantista (si el Frente o la oposición) no me interesa. Lo que me interesa es generar un buen proyecto que le sirva a la Policía para actuar y al ciudadano para tener los derechos protegidos. La utilización política que se pueda hacer, bajo mi punto de vista, es un tema menor”.
En una línea similar, otros operadores del fa que buscan la aprobación de un mejor proyecto creen que lo más difícil no será convencer a la oposición, sino a los demás integrantes de la bancada oficialista (no sólo por no querer ceder ante blancos y colorados, sino porque en definitiva apoyan un instrumento que le daría mayores potestades a la Policía).
¿Por qué no se encontraron los caminos para mejorar antes la ley? Hay quienes sostienen que el fa no está ajeno a esa dicotomía que divide a la sociedad. “Están quienes creen que la seguridad de los ciudadanos es el valor primordial, aun a costa de ceder en algunas cuestiones más garantistas. Y estamos quienes respetamos, más allá de la seguridad, las garantías de los ciudadanos por sobre todas las cosas. El día que yo ponga eso en tela de juicio, sería reconocer que la cabeza me la ganó la derecha”, reflexionó Breccia. Al cierre de esta edición, la bancada de gobierno estaba embarcada en intensas negociaciones.

Brecha, Viernes 8 de mayo del 2008.