
Entrevista a Rafael Michelini sobre la ley de caducidad en el espectador.
EL ESPECTADOR
Entrevista a Rafael Michelini en el espectador el día 20 de febrero sobre la ley de caducidad.
Michelini: “Tomar la Ley de Caducidad como una ley más no tiene sentido común”
20.02.2009 | 14.03
Tanto el senador del Frente Amplio Rafael Michelini como su par del Partido Nacional Carlos Moreira entienden que el debate sobre la Ley de Caducidad no tiene igual relevancia que discutir por otras leyes. “Nadie duda que no es lo mismo discutir la Ley de Caducidad que la reforma de la Caja Bancaria”, afirmó el legislador blanco, a lo que el frenteamplista dijo: “Es una ley que no sólo es inconstitucional, sino que notoriamente ha afectado la sensibilidad en nuestro país”. Michelini aclaró que este jueves en Asamblea General su presidente, Rodolfo Nin Novoa, se allanará al pedido de la fiscal de declarar inconstitucionalidad dicha la ley, en tanto que Moreira sostuvo que “el debate va a ser absolutamente político”.
(Emitido a las 7.49 horas)
EMILIANO COTELO:
La bancada de legisladores del Frente Amplio resolvió este jueves que se convocará a la Asamblea General para el próximo miércoles a efectos de discutir sobre la constitucionalidad o no de la Ley de Caducidad.
La decisión se relaciona con la consulta realizada al Poder Ejecutivo, pero también al Poder Legislativo por la Suprema Corte de Justicia a raíz de una acción de inconstitucionalidad promovida por la fiscal Mirtha Guianze en la causa por la muerte de la militante comunista, Nibia Sabalsagaray, ocurrida en dependencias militares en 1974.
Según se sabe, la bancada del oficialismo pretende aprobar una declaración que vaya en la misma línea que la del Ejecutivo, o sea a favor de la inconstitucionalidad de la ley.
Pero en la oposición esto no convence. Por ejemplo, el senador Gustavo Penadés, del Herrerismo, dice: “Es una situación compleja en lo político y en lo jurídico, el gobierno manejó con relativismo el Estado de derecho y el cumplimiento de la Constitución y la ley; no le compete al Poder Legislativo emitir juicio sobre una cuestión como esta”. O el diputado José Amorín, del Partido Colorado, entiende que: “La constitucionalidad de las leyes compete a la Suprema Corte y no al Parlamento. Esta ley tiene más de 20 años y nunca se planteó el tema, se hace ahora en plena campaña electoral; es un artilugio para meter un tema que no tiene nada que ver”.
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EC – En primer lugar estamos con el senador Rafael Michelini, del Frente Amplio.
En primer lugar, ¿hay ya un informe de Jurídica del Parlamento a propósito de este pedido de la Suprema Corte?
RAFAEL MICHELINI:
Primero le quiero corregir un detalle: la Asamblea General no se reúne para aprobar un texto, el presidente de la Asamblea General, Rodolfo Nin Novoa, con sus potestades, va a contestar el día jueves a la Suprema Corte de Justicia de que se allana a lo que pide la fiscal, o no pone objeciones, y lo que hace es convocar a la Asamblea General a comunicarle esa información y naturalmente la bancada oficialista aspiramos que el resto de las bancadas respalde su actitud.
EC – ¿A ver cómo es? Entonces es bueno hacer la precisión. Usted dice que en principio, el análisis que se hizo, es que a quien le corresponde responder es al presidente de la Asamblea General.
RM – Él tiene la responsabilidad y la potestad -es el presidente de la Asamblea General-. Ante el tema, no es menor por la magnitud y la sensibilidad, los valores que toca, el presidente va a contestar que no tiene objeciones con respecto a la pretensión de inconstitucionalidad que plantea la fiscal Guianze, se comparten los argumentos y en función de eso el jueves va a contestar en una carta que yo no he visto, pero que conozco los conceptos que ha trasmitido el presidente Rodolfo Nin Novoa.
Y por deferencia, yo creo que además por sabiduría y por ponderación, porque además sabe que el tema es un tema importante, convoca a la Asamblea General a poner en conocimiento de lo que él va a hacer. Si la Asamblea General le dijera otra cosa, obviamente su autoridad emana de la propia Asamblea y no lo haría. Ayer nos comunicó eso a la bancada oficialista; sé que se comunicó con representantes de otras bancadas y convoca a la Asamblea General y en la Asamblea General sí la bancada oficialista, el Frente Amplio, va a dar un respaldo a la acción de Rodolfo Nin Novoa. En primera instancia porque él podía haber dicho “no contesto y dejo pasar los plazos” y en segunda instancia porque naturalmente contesta que no tiene objeción porque no podría tener objeción en un tema que es notoriamente inconstitucional.
EC – Yo le preguntaba recién, ¿hay ya un informe de Jurídica del Poder Legislativo a propósito de este asunto?
RM – Yo no he visto el informe, pero lo que sé es que Jurídica hace lo que hacen los servicios, obviamente que quien tiene jurisdicción para declarar inconstitucional las leyes es la Suprema Corte de Justicia, de eso no hay duda. La Suprema Corte de Justicia en este caso, y no creo que nadie le ponga un cartel de “acción política”, consulta por vía de excepción al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo.
El Poder Ejecutivo ya contestó que se allana y el Poder Legislativo lo va a hacer el jueves próximo. Los servicios lo que hacen es lo que podía hacer cualquiera, que es decir: “Mire, la Constitución de la República lo que determina es que quien define si un caso es constitucional o no constitucional es la propia Suprema Corte de Justicia”. En este caso, como lo hizo el Ejecutivo, nosotros vamos un paso más. Sabiendo eso nosotros decimos: “Sí, pero no tenemos objeciones”; no es que ante la consulta de la Suprema Corte nosotros decimos “no, esta ley es constitucional por estos argumentos”, no, es tan sólido el recurso que presenta la fiscal que nosotros nos allanamos, no tiene ninguna objeción.
EC – Mi pregunta venía porque hay una jurisprudencia acumulada, hay numerosos casos, una larga serie de antecedentes de consultas realizadas por la Suprema Corte de Justicia al Poder Legislativo sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, y, en general, el Parlamento ha venido respondiendo que no le compete por no ser parte demandada y argumenta entonces falta de legitimación pasiva. ¿Por qué en este caso se actuaría de otra forma?
RM – Se actuaría porque es una ley que no sólo es inconstitucional, sino que notoriamente ha afectado la sensibilidad en nuestro país. Tomar esta ley como una ley más, supongamos el nombre de una escuela, no tiene sentido común. Hay una consulta de la Corte a la Ley de Caducidad tan controvertida, que además es una ley notoriamente inconstitucional porque le hace decir al Poder Ejecutivo qué se puede juzgar y qué no, y el presidente de la Asamblea General sabiamente y con coraje, porque puede ser muy criticado, dice: “Bueno, en el caso de esta ley nosotros no vamos a actuar burocráticamente, nos tomamos nuestro tiempo y además voy a llamar a la Asamblea General”.
EC – Las versiones de prensa que he visto señalan que en principio Nin Novoa era partidario de que el Parlamento no se pronunciara y que recibió, de parte de la bancada del Frente Amplio, un reclamo insistente en sentido contrario y que terminó cambiando su posición.
RM – Yo hablé varias veces con él, no es la información que yo tengo. Yo, en lo que lo vi muy enfático y lo apoyé decididamente es que cualquier contestación que se hiciera tiene que ser institucional y no puede tener ningún argumento, elemento, o fundamento, que no sea de carácter institucional.
Me parece bien el encare que no podía tener, en este caso, una respuesta del Parlamento, un aspecto proselitista o un aspecto que se apartara del ordenamiento jurídico institucional con que se deben expresar los poderes.
EC – Veía en el diario El País que en la discusión que se dio ayer con los legisladores del Frente Amplio las razones que se esgrimieron para que sí tuviera lugar una sesión de la Asamblea General iban por el lado de la necesidad de apoyar la posición que asumió el presidente Vázquez en este asunto y además valorar ésta como una oportunidad para pasarle facturas a la oposición. ¿Qué dice usted?
RM – Sobre argumentos del día de ayer puede haber muchos; habían legisladores de todos los sectores y había incluso legisladores que no son versados en el tema y que pueden tener un encare desde un punto de vista distinto a lo que significa el razonamiento de los poderes o cómo se expresan los poderes frente a las normas existentes. Pero siempre primó, no sólo el presidente de la Asamblea General Rodolfo Nin Novoa, sino de aquellos que, por ejemplo, estamos en las Comisiones de Constitución y Códigos tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, una acción de primero: no se puede tomar esta consulta de la Corte como si fuera una consulta sobre una escuela; esta es una consulta importante, hay que darle el tratamiento correspondiente. Segundo: el presidente no puede prescindir de sus potestades…
EC - …Pero mi pregunta era si este tipo de razones que aparecen en esta nota jugaron en la decisión.
RM – No, son desechadas. Usted reúne el equipo de trabajo y alguna gente joven puede expresar algunas cuestiones, nadie gastó un solo argumento para rebatirla, por su propio peso.
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