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Según algunas estimaciones hay 150 enanos en todo el país, aunque no se trata de un cálculo oficial. "A ellos les cuesta mucho conseguir empleo, salvo gauchadas de amigos", explicó el diputado Jorge Pozzi.
Un grupo de personas con enanismo (anomalía también llamada acondroplasia, que afecta a uno de cada 20.000 nacidos) se presentó ayer en la comisión de Legislación Laboral de Diputados para pedir un marco legal que los tome en cuenta. En concreto, piden una cuotificación para el ingreso a la función pública y también incentivos fiscales a las empresas privadas que contraten enanos.
La recepción de la comisión fue buena y se analizará el tema. Hoy en la legislación laboral no existe nada específico para las personas con enanismo.
Según algunas estimaciones hay 150 enanos en todo el país, aunque no se trata de un cálculo oficial. "A ellos les cuesta mucho conseguir empleo, salvo gauchadas de amigos", explicó el diputado Jorge Pozzi.
Durante la audiencia, los legisladores se comprometieron a analizar alternativas que favorezcan la inclusión laboral y social de estas personas, dijo a El País Ramiro Duarte, uno de los impulsores de este grupo de enanos.
Con presencia de representantes de la Comisión de Población y Desarrollo, también se consideró la necesidad de acceder a los datos oficiales que revelen el número de enanos que residen en el país. En principio, existiría un registro en el Hospital Pereira Rossell, explicó Duarte, quien estima que los acondroplásicos no superarían los 150.
Lo más importante de la reunión, agregó, fue el interés y la disposición por trabajar en conjunto, intercambiar los datos, escritos e información que sean necesarios para lograr que "ser enano en este país no sea una condena".
En los mismos términos será planteada la problemática al presidente Tabaré Váz-quez, que recibirá al grupo el próximo 16 de julio, adelantó Duarte.
Ante los legisladores, las personas afectadas de esta patología congénita reclamaron una vez más por la inclusión de medidas legales específicas que minimicen la discriminación que, aseguran, sufren y les impide desarrollar una vida productiva.
En concreto, solicitan condiciones de equidad para las oportunidades laborales a través de la cuotificación obligatoria en llamado a concursos; su inclusión en reparticiones públicas, "siempre que tengan la formación requerida", y franquicias tributarias para empresas que los contraten.
El País, Jueves 12 de junio del 2008.