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Exposición del Diputado Felipe Michelini en la Sesión de la Cámara de Representantes

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para contestar una alusión.
(Diálogos)
SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señora Presidenta: corríjame si no es así, pero creo que fui citado reiteradas veces. De ser así, me parece que corresponde contestar la alusión.
Si no me equivoco, estamos discutiendo el recurso de los Ediles de Montevideo y no el de los Ediles de Colonia. Entonces, la misma puntillosidad que se usa para leer las versiones taquigráficas de 2011 debería utilizarse para leer la de hace una semana. Fueron cuatro los argumentos que utilizó la bancada del Frente Amplio a los efectos de citar a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración  que asesora al plenario  en el sentido de rechazar el recurso como claramente  en forma inequívoca e incontrastable  argumentó el miembro informante. Y los cuatro argumentos eran: la urgencia de este problema  por el efecto suspensivo que este recurso tiene sobre el accionar de la Intendencia de Montevideo y de la empresa de telecomunicaciones uruguaya, Antel ; la falta palmaria de argumentos jurídicos para impugnar la actuación de la Intendencia de Montevideo  porque, en realidad, se está impugnando, como todos han reiterado aquí ; que la Junta Departamental no tiene capacidad alguna para controlar el accionar del servicio descentralizado Antel, como voy a demostrar en mi alocución central; y la falta de requisitos formales en la actuación. Claramente se trata de una cuestión política a través de un recurso de Ediles del departamento de Montevideo, anunciado con bombos y platillos por toda la prensa nacional. Evidentemente, esos argumentos, y no solo una cuestión formal, llevaron a los Ediles de la mayoría a solicitar la votación del rechazo del recurso y que viniéramos a discutirlo aquí.
Dicho sea de paso, la Cámara ni siquiera necesita expedirse, no tiene por qué hacer nada: deja pasar el tiempo y el recurso cae per se, como tantas veces ha pasado en este y en muchos otros períodos desde que ocupo una banca. A veces, la mayoría utiliza ese mecanismo para no tratar el recurso.
Por lo tanto, tenemos muy claras nuestras expresiones en la Comisión y nuestra conducta en Sala de no considerar el derecho como un orden barroco y no hacer de él una interpretación piedeletrista. No me refiero a una maniobra política, como este recurso traído a Sala, sino a otros temas de mayor trascendencia, que quienes me citan deberían poder entender y comprender.
Gracias, señora Presidenta.
 

2da. Intervención en CRR


SEÑOR MICHELINI.- Señora Presidenta: a los efectos de circunscribir el debate al que esta Cámara está abocada desde temprano en la mañana en el día de hoy, quiero subrayar que estamos ante un recurso de apelación presentado por varios Ediles del departamento de Montevideo contra la Resolución de la Intendencia de Montevideo Nº 1647/2013, de 23 de abril de 2013, sobre construcción y explotación del Complejo Multifuncional "Antel Arena", según dice la convocatoria en la Citación Nº 234 de la Cámara de Representantes. Yo creo que es clave tener presente eso a efectos de saber a qué están llamados los integrantes de esta Cámara en la resolución final.
Aquí no estamos para hacer una exégesis histórica del ar¬tículo 190 de la Constitución de la República. Aquí no estamos llamados a interpelar a la bancada oficialista con respecto a si presenta o no proyectos de ley, que, dicho sea de paso, iniciativa necesitan todos. Aquí no estamos llamados a interpelar al Poder Ejecutivo y tampoco a interpelar a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, Antel, porque el recurso de apelación está dirigido a la Intendencia de Montevideo.
Por lo tanto, ratificamos la posición del Frente Amplio en este tema y, como lo dijimos en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, vamos a rechazar el recurso. A eso estamos llamados: a decir si el recurso es procedente o no, si la apelación corresponde o no. Eso es lo que hay que decir hoy, y el Frente Amplio lo va a decir con claridad: esta apelación no corresponde por razones de falta palmaria de fundamentación jurídica  porque, en realidad, lo que hace es marcar argumentos para intentar apelar a la Administración Nacional de Telecomunicaciones , por razones de urgencia, por razones políticas y por razones formales.
Se nos dice  algunos Ediles lo han dicho y también se ha manifestado aquí, en Sala  que no deberíamos aplicar la Ley N° 18.045. Está bien: ¡hagamos eso!
(Interrupciones)
——No apliquemos la Ley N° 18.045, que reglamentó el recurso de apelación; y vayamos al ar¬tículo 303 puro y duro. ¿Qué nos dice el ar¬tículo 303 puro y duro? Que "Los decretos de las Juntas Departamentales y las resoluciones del Intendente Municipal contrarios a la Constitución y a las leyes"  doble condición: a la Constitución y a las leyes  "no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, serán apelables para ante la Cámara de Representantes dentro de los quince días de su promulgación [...]". Esta frase  lo digo para los que piensan que el Derecho es matemática  es objeto de constante controversia, por el sentido constitucional de promulgación, porque se cuestiona si el plazo constitucional se debe contabilizar en uno u otro sentido y si el recurso tiene efecto suspensivo en el caso de que lo presenten Ediles o no Ediles. Esto presenta un sinnúmero de complejidades que la Ley N° 18.045 intentó subsanar, pero no la vamos a utilizar aquí.
Lo que está claro es que este recurso de apelación presentado por los Ediles no cumple con la doble condición de violación a la Constitución y a las leyes; nadie lo puede negar. Lo que se dice es que el contratante, es decir, la Intendencia de Montevideo, no se ajusta a su ley orgánica. Por lo tanto, estaría incumpliendo la Constitución en un segundo grado. Hemos escuchado algunas recomendaciones que lo demuestran: "¡Modifiquen la ley! ¡Saquen una ley! Tienen mayoría". Eso está demostrando que el problema no es la Constitución, sino la ley. A confesión de parte, relevo de prueba. Es evidente que este es un problema con Antel, no con el Gobierno Departamental de Montevideo.
Desde esta perspectiva, olvidándonos de la Ley N° 18.045, porque es descartada por los que nos reclaman que lo jurídico está sobre lo político y debería prevalecer, y apelan a resoluciones de este Cuerpo como si fuera un antecedente obligatorio  no lo es: no lo es la jurisprudencia en nuestro Derecho y menos lo es en la Cámara de Representantes, organismo político per se , si los Ediles piensan que la Ley Nº 18.045 no les corresponde, deberían proceder vía la acción de inconstitucionalidad. Pero no; ellos dicen que la interpretan como les parece.
Entonces, desde el punto de vista del ar¬tículo 303 puro y duro, este recurso es improcedente. Es más, es doblemente improcedente y absolutamente inadecuado porque se intenta controlar el cumplimiento o no de los cometidos de Antel a través de un recurso que debe controlar a los Gobiernos Departamentales. El recurso previsto en el ar¬tículo 303 de la Constitución no está pensado para controlar las empresas públicas; es claramente inadecuado para ello y, por lo tanto, debe ser ineficaz. No podemos abrir la puerta de controlar a las empresas públicas vía el ar¬tículo 303; es un error jurídico evidente. El recurso previsto en el ar¬tículo 303 está pensado, diseñado y contenido en la Constitución porque la acción legislativa en los Gobiernos Departamentales tiene mayoría absoluta, tanto en la Intendencia de Montevideo, como en los otros dieciocho Gobiernos Departamentales. Y eso no lo inventó el Frente Amplio, eso es así para dar gobernabilidad a los departamentos. Supuestamente, esa es la ratio.
Por lo tanto, esta función jurisdiccional que se ha dado a la Cámara de Representantes es, efectivamente, para controlar que no haya un abuso de poder en los departamentos cuando hay violación de la Constitución y de la ley. Pero este no es el caso, señora Presidenta.
Más allá de los aspectos formales del incumplimiento con la Ley Nº 18.045 y del incumplimiento del objetivo del ar¬tículo 303, la ratio fundamental de este recurso no se está cumpliendo, y se quiere abusar. Algún Diputado decía, ya no que el recurso esté bien interpuesto, sino que su bondad es que trajo este tema a discusión; eso es confesión. Pero para eso no era necesario el recurso: un Diputado lo plantea como problema político, y ya está.
Se nos dice: "No, acá lo que se hace es verificar al cocontratante de la Intendencia y, por lo tanto, el 303 es aplicable". Yo creo que no. La verificación de si el contrato es o no correcto, no es en el ámbito de la Cámara de Representantes, sino en la Junta Departamental. Y vaya que lo discutieron; vaya que tuvieron informes; vaya que hubo discusión y debate en la Junta Departamental para ver si efectivamente la Intendencia, que no está cuestionada en su capacidad de contratación en este caso, de alguna forma podía contratar con Antel. La Junta Departamental decidió que sí puede hacerlo, que sí puede tener ese contrato de uso; como bien decía el señor Diputado Borsari, es un contrato de concesión, y la Junta tiene todos los mecanismos habilitados para hacerlo.
De manera que se nos plantea resolver un tema que ya resolvió la Junta Departamental, nos guste o no. Probablemente, en el caso de muchos Gobiernos Departamentales, a los frenteamplistas no nos guste lo que resuelven sus Juntas, pero así es la democracia. En el Gobierno de Montevideo, la Junta Departamental es frenteamplista. Obviamente, la oposición hará todo el esfuerzo para sustituirla, pero tendrán que esperar al 2015; pero eso no se logra con este recurso. Por supuesto, los que no tienen representación parlamentaria en Montevideo querrán tenerla, pero en 2015, no a través de este recurso, no por esta vía del ar¬tículo 303.
Se dice que la cuestión es el ar¬tículo 190. Voy a lo que dicen los impugnantes en cuanto a que la teoría de los poderes implícitos, puntos 1.1 y 1.4 del recurso, no puede implicar una extensión desmedida de la competencia original de los entes públicos, a tal punto que lo implícito termine por desnaturalizar lo explícito. A confesión de parte, señora Presidenta...
Aquí se habla de una extensión desmedida. Quiere decir que esto es opinable. Y el Frente Amplio piensa que esto no es una extensión desmedida. ¿Es que los Ediles van a tener la verdad revelada? ¿Son ellos los que deciden el tipo de extensión? ¡Imposible! ¿Once Ediles? ¿No importa lo que opine la Intendencia, la mayoría de la Junta Departamental, el Poder Ejecutivo, que no observa estos actos, si bien podría hacerlo?
Nosotros pensamos que no hay una desnaturalización, por dos razones. En primer lugar, como se ha demostrado en Sala, esta es una acción normal del giro de los negocios de las empresas de telecomunicaciones de 2013, no del año 1934. Las opiniones de los grandes jurisconsultos se deben analizar en su contexto. Esto no es dos más dos es cuatro: esto es interpretación jurídica. Y, obviamente, la interpretación jurídica necesita acompasarse al proceso histórico de una cultura. Las telecomunicaciones no son hoy lo que eran hace cien años.
En segundo término, estas actividades de Antel están en libre competencia. Eso explica la interpretación razonable del ar¬tículo 190; hay una doble condición: giro no extraño al negocio y, obviamente, lo que está en la ley. Si lo que está en la ley es lo que no es el giro extraño al negocio, el ar¬tículo sería redundante. Y no es así, porque hay una diferencia clara entre el objetivo de la empresa y los medios.
Por lo tanto, más allá de que el recurso presentado por los señores Ediles de la capital es absolutamente improcedente, es obvio que este convenio está en el giro normal de los negocios, porque lo hace la competencia y porque, además, no es una actividad monopólica, sino que está en el marco de la libre concurrencia.
Quiero citar el informe del asesor letrado de la Junta, doctor Ismael Blanco. Dice lo siguiente: "En el caso se entiende que las obligaciones que asume ANTEL se encuentran dentro del 'giro' entendido como actividad comercial. La Ley orgánica de creación lo faculta para realizar obras y a prestar servicios vinculados a sus actividades y en tal sentido estando en un claro régimen de competencia con privados, entre otras y en particular con poderosas multinacionales. Este organismo del Estado para poder llevar a cabo su finalidad de mercadeo no está impedido en invertir en infraestructura dotada de tecnología inteligente a los efectos de dar difusión publicitaria a los productos que comercializa en todos los campos incluyendo y en particular en lo deportivo, dado que en los hechos la actividad en este campo la viene desarrollando ANTEL desde muchos años". Y yo agrego algo que no dijo el doctor Ismael Blanco, de la Junta Departamental: Antel, en cooperación con el Ministerio de Educación y Cultura, tiene más de cien centros MEC. Obviamente, si uno revisa la ley orgánica de Antel, esto no está. Sin embargo, no he escuchado a ningún gobierno departamental, a ningún legislador y a ningún Edil quejarse de que el Directorio de Antel se está extralimitando al desarrollar esa obra.
También voy a leer lo que escribió el asesor del gobierno municipal, doctor Álvaro Richino, excelente abogado administrativista. Señala: "En atención a los conceptos transcriptos, no se advierte que el contrato que se procura celebrar vulnere principios de especialidad de ANTEL. El alcance de este principio depende del 'giro' (que debe entenderse como el 'conjunto de operaciones o negocios de una empresa', según definición del Diccionario de la Real Academia Española), y de lo que puede entenderse como 'actividades normales', en términos del ya citado Ar¬tículo 190. La posición expresada por los representantes de ANTEL parece ser correcta, en el entendido que las actividades de mercadeo o marketing son normales para cualquier empresa comercial, y sin duda necesarias en un marco de concurrencia o competencia con otras empresas del ramo".
Por su parte, el informe que el doctor Korzeniak presentó a los Ediles de la Junta, establece: "Es muy importante que quede claro en el contrato entre Antel y el Gobierno Departamental de Montevideo, que se trata de una actividad promocional para Antel  que compite con otras empresas  y que esta inversión y obras son medios para lograr que sus cometidos principales y expresos (las comunicaciones) se verán beneficiadas por esas vías y medios (entre los cuales hay otros, como la publicidad o el patrocinio o la esponsorización [...]".
Entonces, tenemos la conciencia muy tranquila porque estamos actuando en el marco de la Constitución y de la ley.
Dicho sea de paso, es curioso que muchos de los que nos exigen que no se interprete la política por encima de lo jurídico, hasta el día de hoy hayan defendido leyes que legislan sobre la base de la lógica de los hechos, o que defienden la lógica de la voluntad popular sin ningún tipo de control, como sucedía en la década del treinta. Es curioso que nos vengan a indicar que estamos haciendo eso cuando, inclusive, ni siquiera reparan en la letra y en el texto del ar¬tículo 303 de la Constitución.
Además, sus propias expresiones claramente identifican que lo que aquí hay es una valoración, por más que no se quiera, de conveniencia y de oportunidad. ¿Cómo podemos entender que colegas inteligentes nos acusen y nos digan que deberíamos bajar las tarifas? Eso claramente implica indicarle al ente qué es lo que tiene que hacer. Dicho sea de paso, las tarifas de Antel han bajado como nunca; dicho sea de paso, Antel puso la tarifa plana en todo el país; ahora no hay discriminación entre uruguayos que llaman dentro de la zona urbana y los que lo hacen a nivel nacional. ¿Cómo se puede entender que nos digan que nos ocupemos de las escuelas y de los hospitales, argumentos que, en definitiva, son de mérito, de oportunidad o de cómo distribuir los recursos?
Luego de descartar, por supuesto, los argumentos de críticas a la Intendencia de Montevideo, la verdad es que sorprende que se intente crear confusión cuando la Cámara tiene que asumir una lógica de Juez ante una apelación, introduciendo argumentos de claro proselitismo político que nada deberían hacer en este debate. Las políticas de la Intendencia de Montevideo las vamos a hacer frente a la población en 2015, no ahora, con este recurso. Además, nada dice que la Intendencia está siendo contraria a la Constitución y a la ley.
Reitero  para algún recién llegado , ratificando los conceptos expresados por el miembro informante en mayoría, que lo que hay mirar es el todo, no el informe de presentación que se hace. Hay que mirar el informe sustanciado, firme y fundamentado que se hizo en Sala, que no abundó en los aspectos formales sino en los de fondo. Anunciamos que íbamos a dar ese debate, y lo hemos dado; no dijimos que esto se tenía que circunscribir solamente a una cuestión formal.
También reitero y ratifico los aportes que ha hecho el señor Diputado Aníbal Pereyra en el sentido de dar a esto un marco. No se puede venir aquí pensando que estamos por arriba del bien y del mal, fuera de una realidad política, cuando un día sí y otro también se ha acosado a la Intendencia de Montevideo; constantemente ha sido así.
Más allá de ratificar las expresiones realizadas por el miembro informante, señor Diputado Orrico  quien con claridad, capacidad y fundamentos separó la paja del trigo , y por el señor Diputado Anibal Pereyra  quien claramente enfocó el tema , quería hacer estos aportes para desmontar una petición de principios que me parece que no es aceptable. Dicen: "Se viola la Constitución. Hagan algo para no violarla". Pero no alcanza con decirlo; hay que fundamentarlo. No alcanza con traer citas de ilustres juristas; hay que argumentar en este caso concreto. Corresponde decir que este recurso es absolutamente improcedente e inadecuado, porque a través de un mecanismo establecido en el ar¬tículo 303, se sostiene que se debe evaluar a los gobiernos departamentales y, en definitiva, controlar a un servicio descentralizado. Eso no lo establece la Constitución. En ningún lado figura que once Ediles pueden bloquear la acción, los cometidos explícitos y expresos de la ley orgánica de ese ente. ¿Dónde señala eso la Constitución?
Entonces, el recurso es absolutamente improcedente e inadecuado, y va a ser ineficaz porque esta bancada, con responsabilidad, va a manifestar que no tiene lugar.
Por otra parte, señora Presidenta, pedimos que se reinicien las obras, porque es un factor de urgencia, aspecto que se tuvo en consideración  como lo explicitó el señor Diputado Bayardi en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración  cuando dijimos que íbamos a convocar a la brevedad posible a la Cámara de Representantes.
En este punto es bueno aclarar que la Cámara es la "dueña"  entre comillas  del recurso y puede abocarse a él, como lo establece la Ley N° 18.045, en cualquier momento, tanto para tratar los temas de forma como los de fondo. Y esta bancada no ha rehuido tratar un tema ni otro.