Felipe Michelini - El Portavoz
Definiciones
Agosto es un mes de definiciones. El proyecto de ley de Presupuesto Nacional se encuentra en su fase definitoria. Las prioridades no son una novedad pues el gobierno frenteamplista lleva adelante las que señaló una y otra vez, en la campaña electoral del año pasado...
Seguridad ciudadana, vivienda e inclusión social, infraestructura y logística, educación. Sin duda, además de estas esenciales, se plantean otras iniciativas incorporando propuestas que van en la dirección de consolidar el programa de los cambios. En síntesis, se trata de erradicar la indigencia, bajar la pobreza y reducir la desigualdad.
La explicación de Fernando Lorenzo, nuevoespacista a cargo de la titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas, lo ha dejado claro: manejo realista de las condiciones materiales, y prudencia sobre las expectativas que genera la coyuntura y las de largo plazo. Realismo que significa asumir las restricciones que presenta nuestra sociedad y nuestro tiempo, así como las oportunidades que se presentan. Este abordaje no significa aceptar la exclusión, la pobreza y la marginalidad, todos elementos del subdesarrollo de nuestro país, como hechos permanentes. Al contrario, desde ellas poder cambiar la realidad e intentar hacerla más justa y más solidaria en el marco de un proyecto de país productivo que permita mejorar sustancialmente la vida de todos los uruguayos.
En definitiva, un enfoque totalmente diferente al de aquellos partidos blanco y colorado que nos gobernaron veinte años desde la recuperación de la democracia en 1985, lograda por la lucha de nuestro pueblo. Ellos mantuvieron la lógica de que el crecimiento de la economía por sí solo garantizaba la distribución de la riqueza. Hecho que a cualquier trabajador constaba que no sucedía, pues siempre los ajustes se realizaban a cuenta de sus jornales y salarios y de los menos privilegiados y más desposeídos.
El presupuesto será también cuando llegue al Parlamento, una instancia de debate y reflexión. Se analizará si refleja adecuadamente las posibilidades de la coyuntura y si además complementada con otras normas, por ejemplo las de inversión público – privada, la de gravar los depósitos en el exterior de residentes en nuestro país, la de promoción del ferrocarril entre otras, encuentran la mejor sintonía con el programa del Frente Amplio y la diversidad de sensibilidades que todos estos temas conllevan.
Es una instancia por otra parte, para que dentro de las filas de los partidos tradicionales se verifique si tendrán un abordaje constructivo en sus aportes al destino de la República o tan sólo un discurso del “no se puede”. Tendremos oportunidad de verificar el relato que sólo ellos -a pesar de la evidencia histórica-, son los únicos que podrían dar felicidad al país. Se verá que discurso tienen, ahora que han asumido responsabilidades en los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados. Tema resuelto no por disposición alguna de la Constitución, sino tan sólo por la voluntad del Presidente de la República de considerarlo políticamente adecuado.
En agosto también fuimos partícipes de que la Mesa Política del Frente Amplio resolvió por consenso promover una iniciativa legislativa en relación a los artículos 1, 3 y 4 de la ley 15.848, normas más conocidas como mamarracho de la impunidad. Se trata de adecuar nuestras normas legales a las disposiciones internacionales y a lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de ellos. La iniciativa interpretará en forma autentica que esos artículos son incompatibles e inoponibles a las normas internacionales y violatorios a la Constitución de la República y por ende inaplicables. Todos iguales ante la ley, sin privilegios agraviantes ni inmunidades vergonzantes. Mas aún cuando se trata de hechos repugnantes y repudiables como el secuestro y robo de bebes, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, la tortura sistemática. Bienvenido el consenso que permitirá seguir construyendo la justicia, la verdad, la memoria, denunciando los crímenes de lesa humanidad y el horror del terrorismo de estado. Todos elementos que permitirán una franca y verdadera reconciliación nacional.
Asimismo, en este mes de agosto hemos observado cómo se ha intentado desvirtuar la lógica y obvia interpretación de un hecho legislativo corriente como es la aprobación de una ley. En efecto una norma derogó el artículo 76 de la vieja ley de concursos y quiebras, subsanando una incongruencia legislativa evidente al mantenerlo vigente pese a la modificación y modernización de todo el sistema de quiebras y concordatos. Este nuevo régimen ha podido dotar al sistema productivo uruguayo de mejores mecanismos para mantener el conjunto productivo de bienes y maquinarias dándole a los trabajadores oportunidades para continuar el emprendimiento en caso que el capital no lo quiera continuar.
El artículo 76 derogado tipificaba un delito de forma imprecisa y prácticamente nunca fue utilizado por los jueces. La historia de idas y venidas, de especulaciones, de legislar “a la voz de la gauchada” se ha diseñado para intentar mostrar que en definitiva los políticos somos todos iguales y que legislamos por amistad. El Frente Amplio con su conducta demuestra que esto no es así. En primer lugar habilita la integración de una Comisión Investigadora del Senado sobre esos hechos con carácter general para aclarar todo lo que haya que aclarar. En segundo término establece una Comisión Especial de la Mesa Política del Frente Amplio para que indague en todo lo concerniente a estos hechos y si eventualmente hubiese conclusiones que lo ameritarán se derivaran todos los elementos al Tribunal de Conducta Política. El Frente Amplio como fuerza política mantiene una acción orgánica y permanente que tiene sus estatutos, programa y autoridades y todos sus integrantes se deben a ella y este tema no será una excepción.
Este episodio demuestra la necesidad de instalar cuanto antes un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Parece insólito que un Estado como el uruguayo no tenga una referencia clara e inequívoca al momento de identificar sus políticas de acceso a la justicia y de persecución criminal. A ese ministerio, si existiera con la jerarquía que debe tener y no como actualmente ubicado contra natura en el de Educación y Cultura, se le hubiese debido preguntar las consecuencias del acto legislativo. Por otra parte con tranquilidad y sin apresuramientos trabajar para que las normas de incompatibilidades y prohibiciones de los jerarcas de los Poderes sean claras, precisas y conducentes a la buena administración.
Todo esto y naturalmente mucho más lo discutimos con muchos compañeros y compañeras el día del Comité de Base, en locales históricos del Punta Brava, el Spósito, el Villa Dolores, el Martín Fierro y el Povaschuk. Allí entre todos los frentistas, con la capacidad de ir al dialogo y al debate, ratificamos nuestro compromiso con la causa del pueblo.
Lo del título, agosto mes de definiciones.
Diputado Felipe Michelini