<<Regresar

Rafael Michelini - La República

A firmar por la Justicia

El profesor Eduardo J. Couture, con carácter de regla fundamental, le insistía a sus alumnos: "Nuestro deber es defender el derecho; pero si alguna vez, el derecho se encuentra en conflicto con la justicia, debemos optar por la justicia". Esta enseñanza ha perdurado en el tiempo y la cita; palabra más, palabra menos, se ha repetido, generación tras generación, en las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

El martes pasado, la Coordinadora para la anulación de la Ley de Caducidad realizó un anuncio, que muchos calificaron de sorprendente. Se hizo público que las firmas recogidas en sólo seis semanas de trabajo ascendían a 25.941 y que se seguían recogiendo más y más adhesiones, todos los días, a gran ritmo.

La cantidad de firmas recogidas hasta la fecha es mucha, pero lo divulgado no me tomó por sorpresa, lo esperaba con mucha confianza, porque si hay algo que reconozco y de lo cual estoy absolutamente convencido, es que la lucha contra la impunidad representa una causa de primer orden para nuestro pueblo, un clamor colectivo que quiere expresarse y que hace que la gente ponga su firma sí o sí.

No me sorprende el apoyo conseguido, porque la enorme mayoría de los uruguayos vivimos con esa espina clavada en nuestra garganta que queremos eliminar de una buena vez. El camino elegido es el más difícil de todos, pero también es el más contundente. Poner 250 mil firmas arriba de la mesa para activar una enmienda constitucional que permita anular y erradicar de nuestro cuerpo legal y normativo la Ley de Caducidad.

La lucha contra la impunidad en Uruguay ha tenido muchos capítulos en nuestra historia. Desde las intervenciones parlamentarias, de senadores y diputados, antes del golpe de Estado a finales de los años 60, denunciando la tortura practicada en forma permanente por la Policía o las Fuerzas Armadas de nuestro país a ciudadanos detenidos o presos por su forma de pensar, hasta las Marchas del Silencio del 20 de Mayo que se realizan desde 1996, reclamando Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más Terrorismo de Estado.

A lo largo de todo ese período, ha habido avances y retrocesos en la defensa de los derechos humanos. Vivimos el horror de la dictadura, la más salvaje violación de los derechos humanos por parte del propio Estado, los presos, los asesinados, los desaparecidos y los niños a los que se les robó la identidad son testimonio de ello.

La recuperación democrática fue un formidable avance de toda la sociedad, restableciendo el estado de derecho, el respeto de las libertades y de los derechos humanos. Lamentablemente, luego vino la Ley de Caducidad, que consagró la impunidad de los militares y policías violadores de derechos humanos. La impunidad que, lamentablemente, se afirmó aún más cuando la ciudadanía no hizo lugar en el plebiscito del año 89 al recurso de revocación presentado por más de un 25% de los uruguayos en condiciones de votar.

No fue fácil remontar la adversidad del resultado y superar el enorme golpe anímico que dicho resultado provocó. Nos recuperamos paso a paso. Uno muy importante fue el dictamen a favor de las víctimas y en pro de la justicia asumido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1992, determinando que la Ley de Caducidad violaba todos los tratados que el país había suscrito en esa materia hasta la fecha y que los delitos de lesa humanidad debían ser investigados y aclarados, tal cual se había comprometido en el Pacto de San José de Costa Rica. Otro fundamental fue la movilización popular, a través de las Marchas de Silencio del 20 de Mayo, que volvieron a colocar al tema de los derechos humanos entre las prioridades del debate público en nuestro país.

En 2000, el caso Gelman, la aparición de Macarena Gelman, la propia constitución de la Comisión para la Paz y la recuperación de Simón en marzo de 2002, fueron sucesivos pasos de confirmación y reafirmación de nuestra lucha, de nuestra certeza acerca de que era posible combatir y derrotar la impunidad.

Pero en 2004 todavía existían tres grandes obstáculos, que impedían el trabajo de la justicia: a) gobiernos que sustentaban la impunidad (obviamente, blancos y colorados); b) el fantasma de la amenaza militar; c) la ley de impunidad propiamente dicha.

El 1º de marzo de 2005, gracias al enorme cambio político resuelto por los uruguayos, dos de esos obstáculos fueron removidos de cuajo. Ya no había más gobiernos que apoyaran la impunidad, no había gobiernos comprometidos con brindar su cobertura política a los violadores de derechos humanos. Y por otra parte, el fantasma de la amenaza militar había desaparecido. Ni bien se demostró que con coraje y decisión se podía entrar a los cuarteles, investigar y hallar los restos de compañeros asesinados y desaparecidos, el recurso del temor a la supuesta represalia militar, agitado interesadamente durante tanto tiempo, se disolvió rápidamente.

Pero el tercer obstáculo, la Ley de Caducidad como gran impedimento legal, ha sido y sigue siendo no sólo el principal símbolo de la impunidad, sino el instrumento más perfecto creado a nivel de todos los países del Cono Sur, para seguir amparando a represores y criminales. Este obstáculo aún permanece, a pesar de que el presidente Tabaré Vázquez, usando la potestad que la propia ley le asigna al Poder Ejecutivo, una y otra vez en cada expediente que ha llegado a sus manos le ha indicado a la Justicia que intervenga e investigue. Pero en diferentes oportunidades esta voluntad se ha ignorado y no se realizaron las investigaciones correspondientes.

Existen casos notorios e infames como el de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, cuyo expediente duerme el sueño de los justos, porque sigue existiendo la Ley de Caducidad. Si queremos que exista justicia para todos, hay que remover este tercer y último obstáculo y terminar, de una vez por todas, con la impunidad. Sólo anulando la Ley de Caducidad le desataremos las manos al Poder Judicial para que actúe y esta tarea constituye una obligación de todos los ciudadanos.

Y hay que hacerlo, no sólo para que la Justicia actúe, y no sólo desde una perspectiva simbólica, ambas cosas muy importantes para nuestra democracia, sino también desde una perspectiva de compromiso con el futuro de nuestra comunidad. Yo quiero, deseo fervientemente para mi país, que las nuevas generaciones vivan en la más amplia libertad y que vivan esa libertad a pleno, sin cortapisas, sin restricciones ni amenazas autoritarias de ningún tipo.

Pero nada de esto es posible si subyace la incertidumbre acerca de lo que pueda ocurrir, en el futuro, con nuestros derechos más elementales. Si tenemos temor a opinar, a expresar, por más equivocadas que puedan resultar nuestras afirmaciones, ya sea en una asamblea, en un barrio, en la fábrica o en la calle, porque aún persiste la angustia, la desconfianza, de que a raíz de nuestras ideas, alguien, en nombre de vaya a saber qué autoridad, puede venir una madrugada, tirar la puerta abajo, detenernos y quizá, nunca más volver a ver a nuestra familia. El miedo y la claudicación son los principales enemigos de la libertad y son los principales socios del autoritarismo y de la impunidad.

Cada firma que pongamos en cada papeleta, no sólo suma una voluntad más para anular la ley de impunidad, también estará afirmando nuestro destino como sociedad democrática, el valor de la libertad, de nuestra propia dignidad, y estará confirmando que los uruguayos definitivamente aprendimos la lección de nuestra propia historia, que sabemos, como decía Couture, que primero debe estar el valor y la decisión por la justicia. *

(*) Senador del Nuevo Espacio/ Frente Amplio

La República, Martes 13 de noviembre  de  2007                       .